Por: Simón Periano Sánchez
A día de hoy, los ciudadanos llevamos a cabo gran parte de nuestras acciones cotidianas mediante el uso de Internet o incluso desde nuestro smartphone sin necesidad de hallarnos en un lugar físico, y esto propicia que perdamos el control sobre el uso de nuestros datos. En efecto, compramos por internet, disponemos de redes sociales, abrimos cuentas bancarias on-line, etc. y ello requiere, ante la realidad cambiante, de una mayor protección jurídica de nuestros datos personales a fin de que no se haga un mal uso o bien, un uso no autorizado por parte del sujeto.
A razón de lo expuesto, el Parlamento Europeo aprobó recientemente un nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos cuyas disposiciones serán de aplicación directa en un plazo máximo de 2 años, en el año 2018, y modernizan la normativa actual adaptándola a las nuevas tecnologías y formas de comunicación.
La importancia de este hecho subyace en que el derecho a la protección de datos está considerado por parte del Tribunal Constitucional (STC 292/2000) como un derecho fundamental autónomo e independiente del derecho a la intimidad personal y familiar, que se extiende a cualquier tipo de dato personal cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos.
El nuevo Reglamento introduce cambios tanto en la esfera de le empresa como en la de los ciudadanos. Concretamente, a nivel de empresa, se unificarán las normativas actuales que existen en cada Estado miembro logrando así una mayor seguridad jurídica y creando una normativa de mínimos más amplia y comúnmente aceptada.
También, se creará un sistema de ventanilla única para que las empresas con diversas sedes deslocalizadas en Europa únicamente traten con la Autoridad de protección de datos del Estado en que se halle su matriz. Este hecho supone tanto un ahorro de costes como una mayor facilidad para la protección de los datos.
Otra de las novedades que contempla el nuevo Reglamento hace referencia al establecimiento de una escala de obligaciones que se cumplirán en un grado u otro en función de la importancia de los datos de que se traten, su procesamiento, cesión o el peligro de su acceso. Con esto se logrará disminuir la burocratización existente y adaptar el tratamiento de datos a las necesidades que éstos requieren en cada caso.
Finalmente, en aquellas organizaciones e instituciones públicas así como en las empresas con más de 250 trabajadores o, aún teniendo menos de 250 trabajadores, necesiten un seguimiento sistemático y periódico de los datos personales tratados o que traten con datos de carácter especialmente protegido (afiliación sindical, salud, antecedentes penales…), se requerirá de un Delegado de Protección de Datos que vele exclusivamente para asegurar dicha protección.
En la esfera propia del ciudadano, también se han incluido numerosas reformas que propician un mayor control. En este caso, la primera de ellas se trata del acceso fácil a los datos por parte de sus titulares a fin de que puedan solicitar información sobre la utilización de los mismos. Además, se garantiza que, en caso de producirse un robo o ataque del sistema informático de una empresa con posible afectación de los datos personales, la empresa u organismo afectado informe a sus clientes del hecho acaecido.
Finalmente, el nuevo Reglamento mejora el llamado “derecho al olvido” que se concreta en que, al darse de baja un servicio, el cliente podrá instar la eliminación de todos sus datos personales a fin de que una página web o empresa no cuente con ellos y los ceda a terceros, a no ser que exista legalmente una normativa que lo imposibilite por razones motivadas y prevalentes jurídicamente.
En el supuesto caso de que las empresas no cumplan con dichas obligaciones, podrán ser sancionadas por la Autoridad con multas de hasta un 4% de su cifra de negocios.
Toda esta normativa elaborada durante más de tres años de negociaciones, supondrá, sin lugar a dudas, un fortalecimiento de la protección jurídica de los ciudadanos y estimulará el mercado único digital, como han afirmado los Comisarios europeos de Agenda Digital y de Justicia.
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